Van diputadas contra funcionarios agresores

Chiapas Hoy//MdR

CIUDAD DE MÉXICO.- En la Cámara de Diputados, integrantes de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), se pronunciaron a favor de la iniciativa denominada “Tres de Tres contra la Violencia” de género, también identificada como “3de3vsViolencia”.

El fin es impedir que agresores, acosadores en el ámbito familiar y por razones de género, así como deudores de pensiones alimenticias, no accedan a puestos de decisión, sea por elección o por designación, plantearon.

Al presentar, en un foro virtual, la propuesta perfilada por la organización Las Constituyentes, las diputadas Laura Rojas, Ana Lilia Herrera, Lorena Villavicencio, Verónica Juárez y Martha Tagle, coincidieron en que agresores, acosadores y quienes no cumplen sus obligaciones con sus hijos, no deben ejercer cargos públicos.

“Si debemos seguir permitiendo que quienes tienen una función pública, un cargo de representación popular y quienes tienen en sus manos garantizar el acceso a la justicia, sean acosadores, hostigadores, agresores o deudores alimenticios”, planteó la diputada Villavicencio Ayala.

“Cómo podemos garantizar que quienes tienen una función pública cumplan con la responsabilidad que establece el artículo 1 de la Constitución, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, si son los primeros en violarlos. Cómo podemos aceptar las mujeres que tenemos una función pública, relacionarnos laboralmente con hombre que asumen su función desde la violencia y reproducen estereotipos de género donde se permiten acosar y violentar a una mujer”, abundó.

La legisladora de Morena fue enfática en señalar que en el entorno público y político, hay “pactos de impunidad” y de silencio entre los hombres, que se protegen unos a otros.

Por ello, advirtió, el llamado “Tres de Tres contra la Violencia” avanzará y los hombres, sentenció, deben irse cuidando porque no se les permitirá seguir ejerciendo esas faltas.

En el conversatorio virtual, la activista Yndira Sandoval recalcó que el objetivo de la iniciativa que ya se ha presentado en algunos congresos estatales, es no permitir que accedan a la función o responsabilidad pública en los ámbitos legislativo, ejecutivo o judicial, quienes tengan antecedentes, denuncias o sentencias como deudores pensión alimenticia, acosadores, por delitos sexuales y sean agresores por razones de género en el ámbito familiar.

Se busca “limpiar las instituciones” de agresores, dijo.

No pueden gobernar ni tomar decisiones públicas quienes tengan denuncias por ese tema, pues en la función pública debería existir “cero tolerancia” a la violencia de género, así como a las conductas de acoso y abuso contra las mujeres, incluyendo la vertiente sexual.

En su intervención, la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Laura Rojas, señaló que hay tiempo de adecuar la iniciativa para que tenga carácter federal, y lanzarla al iniciar el periodo ordinario de sesiones, el próximo mes de septiembre.

Expresó que la iniciativa es “de lo más conveniente”, para impedir que funcionarios con antecedentes de violencia de género, acoso y agresión sexual e incumplimiento de obligaciones como el pago de pensión alimenticia, accedan a puestos públicos.

La diputada de MC, Martha Tagle, se pronunció a favor de que “no se le pague” con el erario a agresores, porque no deben estar en el servicio público.

Tagle Martínez pidió que las sanciones por esas conductas violatorias de derechos humanos sean efectivas y claras, para que la norma se cumpla en los hechos. Si las penalizaciones se limitan a lo económico, las amonestaciones y multas, no será suficiente.

También propuso abordar de inmediato el tema y avanzar en su implementación, a través de trabajo en conjunto con el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

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