Excélsior

Las caravanas y crecientes flujos migratorios que se observan tanto en nuestra región, como en otras partes del mundo, derivados de la expansión de la violencia, la pobreza, el cambio climático o la inseguridad alimentaria, nos obligarán a repensar las alternativas multilaterales para promover el crecimiento económico global incluyente o, cuando menos, condiciones mínimas de bienestar en sociedades tradicionalmente excluidas del desarrollo, a fin de mantener a miles de personas en sus lugares de origen.


Lo paradójico es que el cambio de criterios no vendrá de la visión propositiva enarbolada desde la Organización de las Naciones Unidas, la cual naufragó primero hace varios años con el incumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, y ahora carece de la suficiente voluntad política de sus integrantes para garantizar el alcance de las metas planteadas en el marco de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Nada de qué extrañarse, pues la falta de cooperación entre gobiernos se encuentra muy en sintonía con lo acontecido en otros acuerdos relevantes, como el de París, a pesar de que la emergencia climática provoca cada vez mayores estragos alrededor del mundo.


Todo apunta a que el cambio de criterios en la asistencia internacional, para contener los múltiples flujos migratorios, habrá de surgir entonces desde la aspiración de sobrevivencia política de los jefes de gobierno de las principales economías globales, así como del interés de darle viabilidad de largo plazo a su agenda programática frente a la animadversión ciudadana. Basta tomar como ejemplo el del presidente estadunidense Joe Biden, quien desde que tomara posesión del cargo en el arranque del presente año, no ha conseguido recuperar una aprobación ciudadana mayoritaria hacia su trabajo.


De acuerdo con la encuestadora Gallup, al inicio de su gobierno, seis de cada diez estadunidenses concedían una evaluación aprobatoria de su gestión. En contraste, casi ocho meses después —octubre de 2021—, tan sólo cuatro de ellas sostienen esa calificación positiva. En todo este tiempo, su popularidad ha crecido una sola vez y por debajo del margen de error, mostrando una caída de 15 puntos en términos porcentuales a lo largo del periodo. Los especialistas la atribuyen, en gran medida, a que no se le percibe con la política pública adecuada para contener la inmigración masiva e irregular que pelea por acceder a los beneficios esperados del “sueño americano”.


Al presidente Biden en poco le ayuda la narrativa heredada de su predecesor, Donald Trump, en el sentido de que la inmigración constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos. Relato que tras cuatro años de insistencia no sólo encontró eco en grandes segmentos de votantes a lo largo y ancho del territorio, sino que mantiene su amplificación discursiva en varios gobernadores y legisladores republicanos, especialmente los que representan a los estados de su frontera sur.


Como tampoco ayuda, al mismo mandatario, las oleadas de migrantes que están traduciéndose en récords de detención por parte del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza estadunidense.

Hace unos cuantos días esta institución difundió que realizó más de 1.7 millones de detenciones en el último año, principalmente provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití, Venezuela y, muy a nuestro pesar, México. Magnitud migratoria que, en los hechos, fortalece la postura de los sectores más reaccionarios de la Unión Americana.


Debemos reconocer además que estos desafíos no son exclusivos de Estados Unidos. Europa, de manera reciente, ha estado al borde de una crisis migratoria y de refugiados; al igual que otras naciones de América Latina, como Chile, Colombia y México se han visto sobrepasadas en sus capacidades institucionales para disuadir o asimilar a los grupos multitudinarios de personas provenientes de los países más vulnerables de la región. El último ejemplo de ello es la caravana de alrededor de 3 mil personas centroamericanas y haitianas que actualmente se encuentran en la caminata de Tapachula a la Ciudad de México, con la demanda de regularizar su situación en nuestro país. Ello sin olvidar los distintos campamentos que persisten asentados en ciudades de nuestra frontera norte.


El fenómeno muestra que la estrategia de la contención migratoria es una aspirina para la epidemia de violencia e incertidumbre que se vive en un alto número de localidades. Primero, porque existe una opinión pública en los países de tránsito cada vez más adversa a la migración, lo cual favorece la instrumentación de políticas punitivas. Segundo, porque el destino final de estas personas sigue siendo los países desarrollados, con un entorno aún más crítico hacia ellas.


Por ello se entiende el cambio de criterios al que apelaba al inicio de la columna. Éste se orienta hacia la inversión humanitaria en las comunidades expulsoras. No en balde Estados Unidos plantea en su estrategia temporal de seguridad nacional una cuantiosa transferencia de recursos a los países centroamericanos. Aquí la pregunta es si esta región cuenta con las instituciones para operar esos recursos e impulsar finalmente el bienestar de sus comunidades.